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Pese a los ajustes de plantilla, la empresa no dejaba de perder cuota de mercado y su productividad laboral era notoriamente inferior a los valores europeos y a los del sector privado regional. La incorporación de España a la Comunidad Europea impuso restricciones añadidas a la minería pública. La decisión 2.064 de 1986 del Tratado CECA defendía el final de las ayudas estatales a la estabilización de la producción, limitándolas únicamente a las empresas viables y competitivas que acometiesen planes severos de reconversión antes de 1990. La plantilla real se situó en 20.470 trabajadores al 31 de diciembre de 1986, y una producción real de 3,1 millones de toneladas para cada uno de los tres años del contrato-programa. |
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